Las videoconferencias, el teletrabajo, la jornada continua, el transporte público, el uso de coches compartidos para ir y volver del puesto de trabajo o la promoción del coche eléctrico son algunas medidas que pueden reducir la contaminación asociada a los desplazamientos laborales. Empresas y administraciones son cada vez más conscientes de la necesidad de apostar por estas iniciativas, pero aún queda mucho camino por recorrer.
El pasado mes de diciembre Madrid vivió una situación inédita. Por primera vez el acceso al centro con vehículos privados se vio limitado en función del número de matrícula -par o impar- que portaran. La restricción de accesos a Madrid se vio complementada con la prohibición durante varios días de aparcar en el centro por la mala calidad del aire y el cierre al tráfico privado de algunas vías muy céntricas coincidiendo con las festividades navideñas. Durante los días que duró, las principales quejas vinieron de aquellos que utilizaban su vehículo privado para acceder a su puesto de trabajo. Algunos empresarios también se quejaron de los problemas de acceso de clientes, proveedores y empleados.
Aquello se vio como un ejemplo perfecto de colisión de los intereses generales con los empresariales. Sin embargo, dado que tanto los empleados, como sus jefes y las autoridades públicas respiran el mismo aire, no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo y conciliar el beneficio de todos.
Gran parte de los desplazamientos en vehículo privado que se hacen dentro de las grandes ciudades tienen que ver con el trabajo. Las autoridades parecen decididas a reducir su peso e incrementar el del transporte público, que por ahora suma un 40% de estos desplazamientos en Madrid y Barcelona, según datos obtenidos de fuentes municipales y del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, dependiente de la Comisión Europea. Las empresas, si bien tímidamente, se están sumando a la lucha y algunas ya introducen este asunto dentro de su política de responsabilidad social corporativa.
La gestión del tráfico rodado urbano depende de los ayuntamientos, pero estos solo pueden aplicar restricciones al tráfico -más o menos bien entendidas-. En última instancia la decisión de coger o no el coche para ir al trabajo depende del propio empleado. Si tiene que haber un cambio de mentalidad que haga preferir el transporte público a quien aún no lo usa, la empresa donde éste trabaja tiene un papel fundamental.
