La Asociación del Transporte Público ATUC estima que en el último año se han producido más de 7.300 pintadas de este tipo.
Los transportes públicos de Barcelona y Madrid han sufrido durante los últimos días varios ataques por parte de grafiteros. Los ‘ataques’, que realmente son parar los trenes para pintarlos, suponen para los operadores y gestores un coste superior a 20 millones de euros al año. La cifra ha sido comunicada este miércoles por la Asociación del Transporte Público Urbano (ATUC).
De hecho, la asociación estima que en el último año se han producido en el transporte público más de 7.300 pintadas de este tipo, ocasionado unas pérdidas millonarias en servicios de limpieza que terminan pagando, a fin de cuentas, los contribuyentes como usuarios finales.
Pero ATUC no solo denuncia el coste económico que suponen «estas prácticas tan reprochables», también aseguran que muchas de esas acciones van «acompañadas de daños colaterales como amenazas y agresiones tanto a testigos como empleados de las empresas afectadas, en especial al personal de vigilancia», tanto que recientemente un maquinista del Metro de Madrid sufrió una crisis de ansiedad tras ser asaltado por grafiteros. Incluso hablan de que estos hechos se han convertido «en un reclamo para el turismo grafitero».
En este contexto, ATUC relata que existe una impunidad con la que, en ocasiones, «estos actos vandálicos vienen siendo tratados por la Justicia» y, por ello, pide a la Fiscalía General del Estado «que sean considerados delito de daños y no simples deslucimiento” cuando derivan en importantes deterioros, muchas veces irrecuperables, que terminan por mermar la calidad del servicio al usuario por retrasos y “parones” innecesarios».
ATUC explica que «la trascendencia jurídica de estas pintadas actualmente no está recibiendo la respuesta penal que merecieran, despenalizando y rebajando la gravedad de los daños ocasionados, tal y como se desprende de algunos procedimientos judiciales abiertos hasta la fecha».
