La asociación de transportes urbanos colectivos, ATUC, presentó el martes 13 de junio el Plan TP, un decálogo de medidas para mejorar la movilidad urbana
No a la gratuidad, restricción al uso del coche limitando el espacio público para el mismo, ganarse a los usuarios para el transporte público, aumentar la inversión pública, alianza de ciudades, integración del transporte público como un único sistema, lograr una ley de financiación estatal, conseguir un IVA reducido del 4% y una financiación de las grandes ciudades de forma equitativa. Son algunas de las medidas necesarias para mejorar la movilidad de nuestras ciudades, según comentaba el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.
En un momento en el que todas las administraciones se están replanteando la movilidad en las ciudades con medidas más o menos ambiciosas, la asociación del transporte urbano colectivo (ATUC) quiere desmontar cualquier planteamiento que proponga la gratuidad del sistema, ya sea en episodios de alta contaminación o como medida continuada en el tiempo. En su lugar, propone como alternativa un “billete gris” de un día de validez equivalente al coste diario de un abono mensual de transportes.
El Plan TP hace hincapié en la necesidad de reordenar el espacio urbano, ya que en la actualidad está dedicado al coche en un 90% a pesar de que así se mueve sólo un 25%, lo que conlleva al mismo tiempo una reducción de los vehículos en circulación. Para ello ATUC plantea como medidas el aumento de las zonas restringidas a la circulación en vehículo privado en el centro de las ciudades, limitándose a residentes; o la ampliación de carriles bus y bici, de espacios peatonales y de zonas de estacionamiento regulado.
Sin embargo, toda medida restrictiva del vehículo privado debe ir acompañada de medidas que potencien el transporte público y que permita ganar adeptos. La clave está en la infraestructura del sistema para poder aumentar la frecuencia y la velocidad comercial, lo que requiere un aumento de la inversión pública. En concreto, el Plan TP propone dirigir esa inversión a implantar sistemas de prioridad semafórica, desarrollar sistemas de transporte a demanda, aumentar el número de plataformas reservadas al transporte público, etc.
El Plan TP plantea además una batería de medidas políticas, legales y fiscales para articular su puesta en marcha. La primera e inexcusable es una Ley de Financiación Estatal del Transporte Público como existe en el resto de países europeos que determine cuánto sufraga el Estado, las CC.AA y los ayuntamientos, los criterios de reparto y a cinco años vista al menos. Esto permitiría a las partes implicadas actuar con previsibilidad y saber en qué y cuánto pueden invertir. La ley también establecería un protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte.
Asimismo, el Plan TP reclama que al transporte público se le considere bien de primera necesidad, y como tal tributar con el IVA superreducido (4%), y no con el actual reducido (10%).
