El texto aprobado quiere que la nueva ley garantice un mínimo de financiación para integrar la planificación financiera de los distintos tipos de transporte.
El Congreso ha reclamado el pasado jueves 21 de septiembre al Gobierno que, previa negociación con ayuntamientos, agentes sociales y comunidades autónomas, presente en el plazo de seis meses una ley para financiar el transporte público urbano.
Así lo aprobó la Comisión de Fomento de la Cámara Baja, a raíz de una iniciativa registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y pactada finalmente con PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís. La propuesta fue respaldada por todos los partidos de la comisión, a excepción de PNV, que votó en contra.
El texto aprobado quiere que la nueva ley garantice un mínimo de financiación para integrar la planificación financiera de los distintos tipos de transporte, mejore la calidad del mismo y facilite la coordinación en aspectos como la accesibilidad y la intermodalidad entre los diferentes servicios. Asimismo, el Congreso pide que la ley permita mejorar la cobertura, regularidad, tiempos de recorrido y determina los requisitos de las distintas administraciones con competencias en materias de medioambiente, fiscalidad y transporte público en relación a la financiación estatal.
La propuesta aprobada también llama a «disuadir de forma efectiva el uso del vehículo privado» en las ciudades, priorizar los sistemas de propulsión eléctrica en el transporte colectivo y las fuentes de energía renovables y combustibles fósiles de bajas emisiones contaminantes.
Asimismo, la Cámara Baja también quiere que se establezcan objetivos de financiación en función del grado de cumplimiento de parámetros de sostenibilidad ambiental del transporte. La financiación, señala el Congreso, deberá tener en cuenta también las tarifas en cada modalidad, la aportación estatal, las aportaciones de distintas administraciones, impuestos, tasas y cargas tributarias, y otras aportaciones.
Por otro lado, la Comisión de Fomento pide revisar las subvenciones y el apoyo al transporte que cada año se actualiza en los Presupuestos, con el fin de que se adjudique de forma «proporcional» y recuperar partidas para las Autoridades Metropolitanas de Transporte y los Consorcios de Transporte que fueron desprovistas de esta subvención.
Por último, pide estudiar una modificación de la ley de Impuestos Especiales para financiar el transporte colectivo, con el fin de destinar la afectación parcial del rendimiento del Impuesto sobre Hidrocarburos, tanto el estatal como el autonómico, a financiar los programas regionales de transporte público urbano.
En este sentido, el Congreso plantea que esta modificación eleve la tarifa del gasóleo para eliminar la actual diferencial entre la gasolina y el gasoil, manteniendo los parámetros actuales del procedimiento de devolución parcial del gasóleo profesional con objeto de excluirles de la subida. Esta afectación sería compartida entre la Administración central y las comunidades autónomas.
