Estas subvenciones se suman a las ayudas vigentes para los descuentos a las tarifas de los billetes y la gratuidad, en el caso particular de Canarias.
El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobó el pasado mes de noviembre el Real Decreto de concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2024.
La concesión directa de estas subvenciones supone un esfuerzo inversor idéntico a la del 2023, lo que muestra la apuesta clara del Gobierno de España por el fomento del transporte público. En concreto, las ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València), así como de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El importe de estas ayudas tiene el siguiente desglose: Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona: 149,3 millones de euros. Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia: 40 millones de euros.Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros.
Estas subvenciones se suman a las ayudas vigentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para los descuentos a las tarifas de los billetes y la gratuidad, en el caso particular de Canarias.
El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.
La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.
