El Mapa de la Movilidad Infantil evidencia las falta de uniformidad a la hora de fijar la edad máxima para viajar gratis en autobús, Metro y trenes de cercanías
El Mapa de la Movilidad Infantil (MAMI) evidencia la disparidad de criterios a la hora de fijar la edad máxima para viajar en autobuses, metros y trenes de cercanías de manera gratuita tal y como señala Jesús Herrero, secretario general de la Asociación del Transporte Urbano (ATUC).
Las diferencias son evidentes entre las diez principales capitales de provincia más habitadas de España. De hecho, si en Madrid los niños pueden viajar de forma gratuita hasta los siete años, enÂÂÂ Valencia lo hacen hasta los 10 y en Barcelona hasta los 16. Pero las desigualdades son en ocasiones patentes dentro de una misma ciudad como, por ejemplo, en Málaga donde los menores de cuatro años no pagan en los autobuses, y si montan en metro sólo es gratis hasta los tres años.
En Sevilla –donde los niños viajan gratis hasta los cuatro años– se ha aprobado que los menores de 12 años viajen sin pagar, aunque todavía no se ha establecido cómo y cuándo se pondrá en marcha la iniciativa, mientras que en Zaragoza no pagan por viajar en los autobuses hasta los cuatro años y el ayuntamiento está barajando la posibilidad de ampliar el umbral hasta los ocho. Ibiza, sin embargo, es la primera ciudad española en extender la gratuidad del transporte público a todos los menores de edad.
Según Jesús Herrero, «las políticas de gratuidad del uso del transporte público son interesantes para fomentar el ahorro en las familias, sobre todo en las que tienen hijos menores. Si se les ofrecen facilidades, además, se contribuye a que dejen el coche aparcado en casa, si lo tienen, y se generen menos atascos y disminuyan los niveles de contaminación. Se favorece, al mismo tiempo, que los niños desde pequeños usen el transporte público concienciándoles de su uso como una estupenda alternativa para cuando sean mayores y deban tomar sus propias decisiones de cómo desplazarse», puntualiza Herrero.
El problema, según secretario general de ATUC, es que cada ayuntamiento va por libre y tiene potestad de decidir cómo se costean los billetes y la parte que asume el usuario. «Esta disparidad responde a las distintas sensibilidades a la hora de fomentar el uso de este servicio y al desacuerdo a la hora de asumir los costes. Es necesario homogeneizar todas estas diferencias de criteriosÂÂÂ para evitar que el asunto deje de ser un tema de interés social para convertirse en una cuestión de interés político. La movilidad de los menores no debe ser instrumentalizada».
Con este objetivo, desde ATUC insisten en que la gratuidad del transporte público para los niños, así como cualquier otra subvención o bonificación, deben reflejarse en una ley de financiación de transporte público, de la que España carece, como excepción en Europa y que evitaría la disparidad entre ciudades.
