![\"noticia_20150129_consorcios_andaluces\"](\"images\/stories\/08_noticias\/noticia_20150129_consorcios_andaluces.jpg\")
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La pol\u00edtica de la Junta en el campo de la movilidad metropolitana se apoya sobre tres pilares: coordinaci\u00f3n, planificaci\u00f3n e inversi\u00f3n<\/strong>.<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n <\/p>\n La Junta de Andaluc\u00eda ha concentrado buena parte de su pol\u00edtica de transporte en las aglomeraciones urbanas conformadas a partir de las 8 capitales andaluzas m\u00e1s el Campo de Gibraltar, ya que es en esos \u00e1mbitos donde se evidencian las mayores dificultades para la movilidad. Las nueve coronas metropolitanas concentran casi el 70% del PIB regional, dan residencia a m\u00e1s de 5 millones de personas repartidas en cerca de 200 municipios, lo que supone el 65% de la poblaci\u00f3n andaluza, y generan m\u00e1s de 330 millones de viajes al a\u00f1o en transporte p\u00fablico urbano e interurbano.<\/p>\n La pol\u00edtica de la Junta en el campo de la movilidad metropolitana se apoya sobre tres pilares: coordinaci\u00f3n, planificaci\u00f3n e inversi\u00f3n<\/strong>. La coordinaci\u00f3n de las competencias sobre transporte p\u00fablico se articula a trav\u00e9s de los consorcios de transporte metropolitano, en los que adem\u00e1s de los actores p\u00fablicos tambi\u00e9n est\u00e1n presentes los agentes privados, constituyendo un modelo de gesti\u00f3n del nuevo regionalismo. Los consorcios de transporte metropolitano de Andaluc\u00eda son, en definitiva, el fruto de una confluencia de voluntades y de una convergencia interadministrativa horizontal y no jer\u00e1rquica que resulta infrecuente en la forma en que los entes locales se relacionan con la Junta de Andaluc\u00eda.<\/p>\n Su fundamento normativo lo encontramos en La Ley 2\/2003 de Ordenaci\u00f3n de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andaluc\u00eda. De acuerdo con esta norma, en los 9 consorcios las entidades locales disponen del 55% del voto en los \u00f3rganos de gobierno -5% la Diputaci\u00f3n provincial y 50% los municipios consorciados, porcentaje repartido proporcionalmente en raz\u00f3n de su censo de poblaci\u00f3n-. Por su parte, la Junta de Andaluc\u00eda ejerce el 45% del voto ponderado. Normativamente este mismo reparto es el que determina las aportaciones econ\u00f3micas ordinarias al presupuesto anual de dichos entes. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os las aportaciones de la Junta han superado generosamente esa obligaci\u00f3n. Solo un ejemplo; en la propuesta de presupuesto 2015 para Granada las contribuciones de la Junta ascienden al 66,70%.<\/p>\n Sobre esta realidad consolidada y exitosa de los consorcios viene a imponerse la legislaci\u00f3n estatal sobre administraci\u00f3n local. La Ley estatal 27\/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci\u00f3n y sostenibilidad de la Administraci\u00f3n Local, desde un criterio ideol\u00f3gico y economicista, pretende reducir el papel de las entidades locales en la vida p\u00fablica espa\u00f1ola. Esta ley hace recaer sobre las administraciones y presupuestos auton\u00f3micos la prestaci\u00f3n de unos servicios p\u00fablicos que los entes locales suministraban en virtud de su capacidad para expandir sus competencias a aquellos \u00e1mbitos en los que tuviesen intereses: cultura, educaci\u00f3n, servicios sociales, transporte,… Pero no debemos olvidar que el transporte metropolitano de viajeros no discurre en un s\u00f3lo municipio sino que articula diversos n\u00facleos de poblaci\u00f3n entre s\u00ed y con la ciudad central. La realidad socioecon\u00f3mica, la coordinaci\u00f3n, la ordenaci\u00f3n y la organizaci\u00f3n del servicio determinan que as\u00ed sea. La participaci\u00f3n de los ayuntamientos en estos consorcios constituye, pues, el legal ejercicio de una competencia propia.<\/p>\n Sin embargo, la Ley 17\/2013 en su Disposici\u00f3n final segunda establece que \u201clos estatutos de cada consorcio determinar\u00e1n la administraci\u00f3n p\u00fablica a la que estar\u00e1 adscrito as\u00ed como su r\u00e9gimen org\u00e1nico, funcional y financiero\u201d. Los criterios de adscripci\u00f3n son, entre otros, la disposici\u00f3n de la mayor\u00eda de votos en los \u00f3rganos de gobierno, la disposici\u00f3n de un mayor control sobre la actividad debido a la competencia normativa sobre transporte y la financiaci\u00f3n en m\u00e1s de un 50% o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio. De las 35 entidades consorciadas, la administraci\u00f3n auton\u00f3mica es la \u00fanica que cumpl\u00eda estos requisitos, por lo que los consorcios de transporte deben ser forzosamente adscritos a la Junta de Andaluc\u00eda.<\/p>\n La mayor\u00eda de las entidades locales constituyentes del consorcio, entendiendo la necesaria adaptaci\u00f3n de sus estatutos a lo dispuesto por la legislaci\u00f3n estatal b\u00e1sica, mostraron su voluntad de continuar participando en la gesti\u00f3n del transporte. Dentro de la red conformada por los 9 consorcios se cre\u00f3 un grupo de trabajo con el fin de elaborar un modelo gen\u00e9rico de estatutos que cumpliera con el nuevo marco normativo, mantiene la participaci\u00f3n org\u00e1nica mayoritaria de los entes locales en el 55% del voto, y asume la financiaci\u00f3n en funci\u00f3n de las competencias cedidas, certificando la mayor aportaci\u00f3n econ\u00f3mica de la Junta de Andaluc\u00eda.<\/p>\n El texto final presentado en el seno del consejo de administraci\u00f3n de todos los consorcios, responde a un principio inclusivo, que alude a una gesti\u00f3n del transporte metropolitano participada por diputaciones provinciales, ayuntamientos y Gobierno andaluz. Este modelo, cargado de legitimidad democr\u00e1tica al involucrar a los representantes de todas las administraciones competentes, es el que ha demostrado ser un acierto, ampliando, equiparando territorios y homogeneizando el servicio en Andaluc\u00eda pero atendiendo con rapidez y cercan\u00eda las necesidades propias de cada \u00e1rea.<\/p>\n