La existencia de las ATP pone en evidencia la necesidad de integración entre administraciones para combinar acciones en materia de transporte y movilidad, por un lado, y desarrollo territorial y urbanístico por otro.

La aparición de nuevos instrumentos jurídicos está demostrado que no basta con hacer declaraciones: hay que dotar a los gestores con las herramientas adecuadas para realizar su labor y, en ese sentido, la existencia de leyes de movilidad y de estrategias urbanísticas, incluyen esta filosofía de integración, poniendo, además, plazos y medios a los diversos actores para llevarlas a cabo, al tiempo que se acometen importantes inversiones en el sector del transporte público.