ATM, TMB, FGC, TRAM, Renfe y Mossos impulsan una campaña para concienciar de las graves consecuencias de las intrusiones contra vehículos e instalaciones ferroviarias.
La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del área de Barcelona, los operadores ferroviarios y Mossos d’Esquadra iniciaron el pasado mes de septiembre una campaña global para concienciar de las consecuencias reales del vandalismo sistemático contra los vehículos de transporte público. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), TRAM y Renfe, los operadores de la red ferroviaria integrada, se ven gravemente perjudicados a diario por intrusiones, pintadas y destrozos que suponen costes millonarios al final del año. Estas intrusiones afectan a los desplazamientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, su tiempo y su seguridad cuando utilizan lo que la ley define como servicio esencial para la ciudadanía.
Los responsables de las empresas de transporte coinciden en señalar este fenómeno como uno de los principales perjuicios de los operadores a nivel global, y es esta la causa principal que ha impulsado la iniciativa coordinada por la ATM, que pretende subrayar los asaltos de grupos organizados a las instalaciones ferroviarias como una forma de delincuencia, lejos del arte urbano que puede lucir en la vía pública de ciudades de todo el mundo.
Las consecuencias económicas desprenden algunas de las cifras más impactantes: cerca de 15 millones de euros fueron destinados el último año a limpiar todas las firmas realizadas a convoyes y coches ferroviarios, además de reparar los daños que a menudo provocan los autores de las pintadas ilegales y proteger las instalaciones. Las incursiones vandálicas supusieron cerca de 3.000 afecciones en trenes el pasado 2018, sumando los cuatro grandes operadores ferroviarios. Y la superficie total que tuvo que ser limpiada superó los 130.000 metros cuadrados, el espacio equivalente a más de 100 piscinas olímpicas.
Interrupciones del servicio y clima de inseguridad
Pero las consecuencias no solo se cuantifican en gasto público, también afectan al tiempo del servicio y las personas usuarias. En un año, más de tres millones de personas pueden verse afectadas en el área de Barcelona por los retrasos y las interrupciones de servicio derivadas de actos de este tipo. Esto, según los operadores de transporte, aumenta también el impacto directo contra las personas usuarias y las plantillas de las empresas de transporte y de vigilancia, y crea un clima de inseguridad. Algunos de estos grupos, de hecho, que antes huían al ser descubiertos, van ahora armados con barras de hierro o espráis de gas irritante, y han llegado a agredir de forma puntual al personal de seguridad.
Este tipo de vandalismo se ha convertido en un grave problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios, con crecientes implicaciones sociales, medioambientales, laborales y económicas. Para llevarlo a cabo hace falta previamente cometer una intrusión en zonas sensibles y la acción vulnera el reglamento de seguridad. Además, suele ir asociado a varios delitos como daños, robos, coacciones y agresiones
