Este protocolo es un compromiso político que vincula al Gobierno de España al pago del primer tramo del tranvía, que tiene un presupuesto aproximado de 185 millones de euros.
Se centrará especialmente en el público joven y en el servicio de paradas a demanda para mujeres.
Se estima que por cada viaje que se traslada del vehículo privado al transporte público colectivo se ahorra, de media, entre un 60% y un 74% de emisiones de CO2.
Entre las premiadas se encuentra Rocío Cascajo, antigua directora técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
La Diputación y el Gobierno vasco asumen costear en su totalidad la mitad del coste de la tarifa que abonan los usuarios.
El Gobierno de coalición subvencionará el transporte público con 1.500 millones de euros para hacer frente a la crisis energética.
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) ofrece ya tres rutas de este tipo, que dan servicio a más de 96.000 personas.
La licitación nace de la necesidad de reducir la antigüedad de la flota y, al mismo tiempo, conseguir la descarbonización de la movilidad y un transporte público con cero emisiones.
Los viajeros de la tarifa normal que lo adquirieron en enero recibirán 91 euros, los jóvenes 33,34 y los de la tercera edad 5,5.
Tras la inauguración del Trambahía, la ministra Raquel Sánchez anuncia la gratuidad del servicio.
