Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)

Los Presupuestos contemplan ayudas de 50 millones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018 recoge una nueva dotación de 50 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible.

Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan Movea, con el que se concedieron ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas, así como a la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público.

La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible, que estará gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), representa un 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para 2018, al igual que en el ejercicio precedente.

El Gobierno destaca en que el Plan Movea 2018, aunque es posible que cambie de denominación, supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos convocatorias anteriores, así como que está en línea con la estrategia de la Unión Europea, quien aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además, ha fijado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

Por otro lado, el proyecto de PGE contempla diferentes partidas por importe de 16,6 millones de euros para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, que estará gestionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En concreto, el Gobierno destinará en este contexto 80.000 euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal; 80.000 euros a comunidades autónomas; 1,1 millones de euros a entidades locales; 8,84 millones de euros a empresas privadas, y 6,5 millones de euros a familias e instituciones sin fines de lucro.

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